La inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que define el procedimiento electrónico como el único posible y que obliga a las administraciones a adoptar dicha forma de trabajar, ha desembocado en un claro movimiento por parte de éstas en busca de ese salto tecnológico y organizativo que les permita cumplir la Ley y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.
