El proyecto de ley ha sido redactado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para instaurar la factura electrónica en las administraciones públicas, tanto estatal, como autonómica y local. Se confía en reducir costes, erradicar lo que se conocen como 'facturas en el cajón' y en hacer más transparente y seguro el proceso de contratación con la administración.
